El Gobierno aprueba una nueva regulación que obliga a los ciudadanos a contratar servicios de luz y gas a través de canales oficiales y no mediante ll

El Gobierno aprueba una nueva regulación que obliga a los ciudadanos a contratar servicios de luz y gas a través de canales oficiales y no mediante llamadas telefónicas, excepto en caso de solicitudes previas y autorizadas

En un esfuerzo por garantizar la transparencia y seguridad en la contratación de servicios básicos, el Gobierno ha aprobado una nueva regulación que establece que los ciudadanos deberán contratar servicios de luz y gas a través de canales oficiales, como sitios web o aplicaciones móviles, y no mediante llamadas telefónicas. Esta medida busca proteger a los consumidores de posibles estafas y fraudes. Sin embargo, se permitirán solicitudes previas y autorizadas por vía telefónica en casos específicos. Esta regulación tiene como objetivo mejorar la experiencia del consumidor y reducir los riesgos de fraude.

El Gobierno de España aprueba nueva regulación para contratación de servicios de luz y gas a través de canales oficiales

La contratación de servicios como la luz o el gas se han realizado mediante llamada durante décadas, pero eso podría cambiar con una nueva ley que está estudiando el Gobierno de España. Esta medida tiene algunas excepciones y la modalidad de contratación se mantiene, pero será el cliente el que solicite emplear este sistema.

El objetivo del Gobierno es acabar con las llamadas comerciales no deseadas y ha desarrollado la Ley General de Telecomunicaciones que entró en vigor en junio de 2023. Según el artículo 66 del texto, las empresas no pueden realizar llamadas no deseadas con fines comerciales, excepto si los propios consumidores dan su consentimiento para ello.

Sin embargo, las empresas han encontrado la forma de seguir llamando a los consumidores. Muchas de ellas utilizan la excusa de que los clientes podrán contratar el servicio en ese mismo momento para realizar llamadas publicitarias no deseadas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha tardado en llenarse de una avalancha de reclamaciones.

Fin a las llamadas comerciales: el Gobierno impone contratación obligatoria de servicios de luz y gas a través de canales oficiales

Los clientes piden que se acaben los vacíos legales que permiten que las compañías sigan llamando con fines comerciales, en especial las de electricidad y las operadoras de telefonía. El Ministerio para la Transición Ecológica ha trabajado en el Reglamento General de Suministro y Contratación incluido en un real decreto que podría entrar en vigor próximamente y que acaba con este problema.

El Gobierno de España pretende acabar con las malas prácticas de captación de clientes que utilizan algunas empresas, la omisión de información que se produce en las llamadas y las típicas estafas telefónicas de personas que se hacen pasar por una compañía para contratar un servicio. El cliente tiene el poder de elegir este método de contratación, pero primero lo tendrá que solicitar.

El proyecto está en las fases iniciales y los gigantes del sector como Endesa, Iberdrola, Naturgy o Repsol pueden realizar alegaciones antes de que se apruebe el texto definitivo de la nueva ley. Por el momento hay registradas hasta 500 comercializadoras que utilizan las llamadas como sistema de contratación de servicios, aunque más de un centenar no tienen actividad.

La contratación puerta a puerta también está prohibida, medida que se suma a las limitaciones para el sistema de puerta a puerta tan popular hace unas décadas. La contratación puerta a puerta se eliminó en noviembre de 2018 junto con una serie de medidas para controlar los precios de las energéticas. El sistema era idéntico al que pretende implantar el Gobierno en las llamadas telefónicas de spam: el cliente debe solicitar esta modalidad previamente.

Esta nueva norma afectó a más de 5.000 empresas de toda España de diferentes sectores. Las compañías recurrieron a otros métodos de contratación como las llamadas (ahora a punto de prohibirse) o a través de puestos informativos en la calle o en centros comerciales.

Con esta medida, el Gobierno de España busca proteger a los consumidores de las prácticas comerciales agresivas y garantizar una mayor transparencia en la contratación de servicios de luz y gas.